¡Ahora es el momento!

El saqueo a la educación pública que durante más de siete años encabezó Antonio García Padilla como presidente de la UPR, debe irse con él el próximo 30 de septiembre. Su administración evidenció como ninguna otra cosa la orientación neoliberal de entrega a las empresas y destrucción de los servicios públicos.

Fue su administración quien fortaleció la influencia de los empresarios, entre otras formas, al desarrollar el Fondo Dotal, estrechar lazos con corporaciones y privatizar diversos servicios.

Su renuncia, aunque debe ser celebrada, debe responderse con actos contundentes de oposición a todo lo que ha sido su política. Si hoy estamos en esta crisis es porque los que han estado gobernando—dentro y fuera de la UPR—lo han hecho mal. Ahí están los gastos millonarios del ahora ex presidente, el presupuesto cada vez más alto en Administración Central (ya va por 200 millones) y las reducciones en presupuesto y servicio en los recintos.

La saliente rectora del Recinto de Río Piedras, Gladys Escalona, se va también, junto a muchos de los otros Rectores. Se trata también de la toma de la UPR por parte de gobierno PNP.

Empresarios dentro y fuera de la UPR

Mientras tanto, las diferentes estructuras administrativas de la UPR están corruptas, llenas de funcionarios bien pagos que trabajan para el beneficio de los empresarios con los cuales comparte intereses y estilos de vida.

El mismo García Padilla defiende sus gastos exorbitantes en comidas y vinos alegando que esas cenas produjeron millones en donaciones. Ellos, los empresarios que administran la UPR y aquellos que también se benefician de su influencia, deben salir de la UPR. Nuestro grito tiene ser ¡que se vayan todos!: la privatización, la Junta de Síndicos y toda la burocracia administrativa que se encarga de implementar ese modelo de universidad empresa.

Un vistazo a los empresarios de la Junta de Síndico reconocerá la presencia destacada de empresarios importantes de la banca y empresas de la salud, incluso a nivel internacional. Son los colmillús reunidos para ver por donde chupan.

Como Carlos J. Dávila Torres, vicepresidente de Western Bank y actual vice-presidente de la JS; o como Carlos Pérez Díaz, presidente para toda la región del Caribe de Pediatrx, una compañía americana de servicios de salud. En PR, ésta tiene hospitales, y ofrece servicios especializados de alto costo. Además hay abogados y ex jueces vinculados estrechamente con los partidos políticos principales, como Salvador Antonneti y la actual presidenta, Ygrí Rivera de Martínez.

Todos estos empresarios, junto al gobierno, son responsables de las pésimas condiciones de estudio y trabajo en los Recintos. Su mala administración ha derrochado cientos de millones. La crisis que viven los estudiantes y trabajadores debe y puede ser resuelta. Aunque esto no puede hacerse cancelando convenios, cortando servicio y despidiendo personas. El dinero hay que ir a buscarlo a quien lo tiene: los empresarios del país.

La Ley 7 y la voluntad de los empresarios

Claro está, nada de esto explica por qué es ahora el momento para lanzarse a luchar contra la administración universitaria y el gobierno. Después de todo, el momento debió haber sido hace mucho.

Sin embargo, la Ley 7 –como expresión legal de los intereses de los patronos de todo el país—ha concretado aún más la crisis de la UPR. Al cerrar plazas, congelar sueldos y detener aumentos negociados; al reducir clases, cerrar secciones y producir el retraso de becas para miles de estudiantes; al reducir el sueldo de profesores durante verano y violar derechos adquiridos, la administración universitaria y el gobierno han agudizado el panorama y acelerado la dinámica de enfrentamiento en la universidad.

Sabemos también el rol que las luchas universitarias juegan en la dinámica del país. El resto de PR, seamos trabajadores públicos o privados, vivimos las mismas condiciones laborales, presiones de despido, falta de dinero y pésimos servicios públicos.

Puerto Rico entero necesita resistir el ataque brutal contra los pobres y trabajadores. Los recientes casos de Brutalidad Policiaca—el de Río Piedras el 21 de agosto y el de una escuela intermedia de Canóvanas en donde golpearon y rociaron a estudiantes con gas pimienta—son sólo las expresiones físicas de una ataque generalizado a las condiciones de vida de todos los trabajadores.

La futura huelga universitaria

Los paros de un día de los trabajadores de Limpieza y Ornato organizados en el Sindicato de Trabajadores de la UPR y los trabajadores de oficina organizados en la  Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) son un paso importante en la dirección de levantar lucha para impedir que se eliminen los convenios y se encarezca más la vida.

Creemos que será de vital importancia lo que haga la HEEND, cuya tradición de lucha los coloca en una situación importante para aglutinar a los demás sectores. Los profesores organizados en varias Asociaciones, han adelantado que apoyan la huelga universitaria y participarán de ella.

Los estudiantes, organizados en organizaciones políticas como la OSI y desde comités de lucha como el Comité de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública (CEDEP), han denunciado la privatización y recorte de servicios durante  el último año.

Ahora falta que los estudiantes reunidos en asamblea discutan la que pasa en la UPR. Durante todo el semestre pasado, la burocracia pro-administración que controla el Consejo General de Estudiantes impidió la realización de una asamblea efectiva dentro del Recinto para informar a los estudiantes lo que sucede. Esa burocracia también debe irse.

La huelga indefinida de la HEEND en defensa de su convenio, contra el recorte de presupuesto y por la educación pública, parece cada vez más inminente. A la vez, esta debe ser la antesala a una huelga de todos los sectores contra la política general de descomposición de la educación pública. La agenda entera deber ser rechazada no sólo a sus responsables directos.

Los estudiantes deben estar ahí y una asamblea de estudiantes debería levantar comités de lucha. La huelga universitaria, como un proceso de unidad de todos los sectores, será la clave para derrotar a la administración universitaria. También será un ejemplo importante del camino de organización y resistencia que debe seguir el resto del país.

¡Es el momento de empezar!

Publicado como el boletín Alerta Roja para los recintos de la UPR de Río Piedras y Mayagüez. OSI.