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Editorial

A PESAR de todas las protestas, paros y marchas, el gobierno de Luis Fortuño continúa con su plan de despidos y privatización.

Hasta el momento, la mayoría de las protestas se han mantenido siendo protestas simbólicas, acciones que no han detenido el funcionamiento normal de la economía, el estado y el resto de la vida social del país, al menos de manera prolongada.

Para ser justos, las protestas se han multiplicado en los últimos meses, logrando un mayor consenso contra las nocivas políticas clasistas del gobierno actual. Han marchado los ancianos, los niños, las mujeres, la comunidad LGBTT, sectores obreros organizados y no organizados sindicalmente, los estudiantes y los jóvenes. Toda esta actividad ha sido vital en transformar la molestia y el coraje en activismo.

Sin embargo, para derogar la Ley 7, detener las Alianza Público Privadas y defender efectivamente a las comunidades pobres y el ambiente, hace falta pasar de las protestas a actos de resistencia igualmente consistentes, hasta poder llegar a la huelga general indefinida.

El Paro Nacional y la Huelga General

Días antes del paro nacional del 15 de octubre, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, llamó “terroristas” a los camioneros por hablar de detener el funcionamiento de los muelles.

“Este gobierno no va a tolerar actos de terrorismo. Ya esto se está tirando hacia una anarquía, hacia los sabotajes del pasado. Hoy día eso (la paralización de muelles y puertos) está muy claramente definido en las leyes federales como terrorismo,” aseguró.

Rodriguez Ema evocó la ley anti-terrorista aprobada en Estados Unidos tras el 11 de septiembre como una forma de amedrentar y desalentar a los manifestantes. Y no fue el único.

“Los líderes sindicales no pueden decir que van a parar el flujo de combustibles desde los puertos. El Patriot Act habla de la vulnerabilidad de puertos y aeropuertos, de que no se puede impedir el abastecimiento de agua y luz o intentar destruir la infraestructura”, aseguró también el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.

Aunque lograron modificar algunas rutas y concentraciones,  las amenazas no detuvieron el paro nacional. Aspectos importantes de la economía y la vida social de todo el país dejaron de funcionar: la Milla de Oro, la Autoridad de Puertos, Plaza las Américas, las escuelas del país, la UPR, los trabajadores de energía eléctrica y acueductos, y miles de trabajadores de decenas de dependencias gubernamentales. Megatiendas como Wall-Mart recibieron piquetes mañaneros que impidieron su funcionamiento normal por varias horas.

Los portavoces de los dos frentes convocantes, la Coalición todo Puerto Rico por Puerto Rico y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, llamaron a continuar la lucha y a organizar una futura huelga general.

Juan Vera, obispo metodista y portavoz de CTPRPR, habló del desarrollo de un “estado de insurrección pacífica” al declarar que “iremos de la protesta, a la resistencia y de la resistencia a la desobediencia civil.” Desde entonces, los llamados a la huelga general han continuado a través de declaraciones públicas y conferencias de prensa.

La construcción del paro nacional, sin embargo, demostró una visión de la lucha limitada a los empleados gubernamentales, al área metropolitana de la isla, y sostenida por la poca participación obrera.

Casi ninguna organización convocante realizó asamblea donde los trabajadores pudieran discutir, decidir e implementar el voto de paro. Sólo los estudiantes universitarios pararon tras haberlo decidido en amplias asambleas estudiantiles. La Federación de Maestros (FMPR) lo discutió en su asamblea de delegados.

Este punto, el de la participación y democracia obrera, no puede ser uno secundario en la discusión acerca de la futura huelga general.

Una huelga general que se proponga derogar la Ley 7 tiene que detener la economía del país. Tiene que poder afectar el flujo de mercancías desde los puertos y muelles, tiene que interrumpir el servicio de agua y luz de manera prolongada, tiene que detener las escuelas y universidades, así como otros aspectos importantes de la economía. Sin la paralización del país y la perdida de millones de dólares en manos de los ricos, el gobierno continuará su plan como hasta ahora lo ha hecho.

Todas las tareas de una huelga general, y más cuando esta es indefinida, tienen que estar en las manos de los miles de obreros que diariamente sostendrán la huelga.

“Una huelga general o parcial no se puede decretar desde una conferencia de prensa, es un proceso que amerita coordinación entre todos los implicados y que se tomen las medidas para garantizar que, por lo menos, se paralicen los resortes fundamentales de la economía indefinidamente hasta que se logre derogar la Ley 7”, asegura Rafael Feliciano, presidente de la FMPR.

“Antes de declarar una huelga general los trabajadores y trabajadoras que van a afrontar las consecuencias económicas y políticas de una huelga indefinida, tienen que aprobar democráticamente dicha acción,” señala.

Muchos de los líderes obreros que hablan hoy de huelga general, en el pasado han entregado luchas obreras a cambio de nada. Burócratas sindicales como José Rodríguez Báez y Federico Torres Montalvo, quienes marcharon hace unos años para que nos impusieran el IVU, han demostrado mayor preocupación por las cuotas que cobran y de las cuales viven, que por verdaderamente defender las condiciones de vida de los trabajadores que organizan. En el pasado se han opuesto muy poco a las privatizaciones que hoy denuncian.

Estos mismos líderes participaron en la convocatoria de Huelga General de 1998 contra la venta de la telefónica, y fueron centrales en desconvocar esa misma huelga tras sólo dos días y sin ninguna victoria sobre el patrono.  Es decir, los que hoy se llenan la boca hablando de “Huelga General” han sido los peores aliados de los obreros en sus intentos por detener la política de privatización y el aumento en el costo de vida.

El panorama, sin embargo, no debe desmotivar a nadie. Si estos y otros sindicalistas llaman y organizan comités de huelgas, así como convocan una huelga general, nuestras energías deben estar en la extensión de los comités y en la prolongación y profundización de la huelga. Cuando los líderes decidan que es su tiempo de parar, debemos seguir haciendo la huelga sin ellos.

Continúa el proyecto de país de los ricos

Tras el paro, ninguno de los planes del gobierno se ha detenido.

El gobierno de Luis Fortuño continúo con una mega convención sobre las Alianzas Publico Privadas a penas una semana después del paro. En ella, Puerto Rico aparecía como un destino fabuloso para inversionistas, banqueros y constructoras.

El Corredor Ecológico del Noreste ha sido desprovisto de la clasificación de Reserva Natural en una maniobra para continuar poniendo las costas en manos de los inversionistas de la construcción y las hoteleras. Junto a la nueva oficina de permisos y las APP, los ricos pretenden quedarse con el suelo sin explotar del país.

La nueva Ley de Cierre, que regula entre otras cosas la apertura de los comercios los domingos, ha sido aprobada para reducirles el sueldo a los trabajadores. Ahora en vez de la paga doble los domingos, se pagará una tarifa fija de $11.50, tres dólares menos la hora. Además, los comercios podrán abrir hasta la media noche.

La privatización del gobierno continúa. En las escuelas públicas, las compañías privadas que harán la limpieza ya han comenzado ha operar, aún cuando el despido de muchos conserjes no haya sido completado.

Por todos lados se levanta el proyecto de país de Fortuño. Sólo acciones contundentes contra el gobierno y los patronos puede detener este ataque.

Posibilidades de la huelga general

La realidad apunta a la posibilidad de una huelga general indefinida.

Durante los últimos meses, una gran cantidad de activismo se ha generado ante una gran variedad de problemas. En realidad se trata de la herencia de años de lucha.

La reciente resistencia en la Comunidad de Villas del Sol ante los desalojos es el resultado de varios años de organización y resistencia. Ahora, bajo el ataque patronal generalizado, el gobierno ha intentado sin éxito su desalojo. En igual posición están decenas de otras comunidades.

El ataque fundamentalista contra las mujeres y la comunidad LGBTT se generaliza en las esferas del gobierno. La Resolución 99 y diversos ataques discriminatorios han generado un activismo importante que hoy sigue vivo y en la calle contra la homofobia, los crímenes de odio y el discrimen.

La privatización en la Universidad de Puerto Rico, la precarización en las condiciones de vida de los jóvenes y los aumentos progresivos en la matrícula y la vida también han generado una juventud más dispuesta a movilizarse. La huelga del 2005, las luchas contra la privatización del Teatro y la lucha contra los recortes y la Ley 7, han regenerado un movimiento estudiantil dispuesto a irse a la huelga general.

También ha sido vital en ese proceso la huelga magisterial de 2008. Sobre 10 mil maestros en la calle durante 10 días en huelga indefinida deja sin duda una experiencia importante para madres, padres, maestros y estudiantes.

En todas estas luchas está el potencial de un verdadero movimiento que detenga el enorme ataque patronal. Todo ese potencial tiene que ser organizado sobre la base de la participación y la implementación de las decisiones desde la base. La consigan de construir la Huelga General Indefinida, desde abajo, desde la mayor participación y democracia, tiene que extenderse por todos lados.

Cada vez más, mayores acciones de resistencia y confrontación deberán extenderse por todo el país. Sólo un proceso generalizado de resistencia, de huelgas, de bloqueos de calles y confrontación callejera hará detener los planes del gobierno y los patronos. Nuestro llamado es ha comenzar ese proceso de inmediato.