Socialismo Internacional

Foto Indymediapr.org

Lo que esta detrás del horrible crimen de Jorge Steven es la ausencia de una política pública que defienda la comunidad LGBT. Alma Torres describe como el discrimen institucionalizado y las políticas del gobierno afectan adversamente a los trabajadores LGBTT.

El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ha demostrado con acciones a quién defiende su gobierno. Protege a los empresarios millonarios como Richard Carrión y a los fundamentalistas religiosos como la gente detrás de Alerta Cristiano y Pro-vida.

En Puerto Rico no existe una política pública que garantice derechos para la comunidad LGBTT. Estos trabajadores y trabajadoras no solo han sido despedidos de sus empleos, no solo han perdido los derechos que vienen con estar organizados en una unión, como por ejemplo derecho a plan médico, vacaciones y días por enfermedad pagados, sino que adicional a esto sufren la marginación y el discrimen por su orientación sexual e identidad de genero.

Leyes discriminatorias

En Puerto Rico no existe ni una sola ley que prohíba el discrimen en el trabajo por orientación sexual e identidad de genero. Esto implica que muchos trabajadores homosexuales, bisexuales, transexuales o transgénero no tienen igual oportunidad de empleo y que de ser empleados, en muchas ocasiones tienen que vivir una doble vida y esconder quienes son. De esta forma el gobierno, que responde a los intereses de unos pocos, estimula y defiende que dentro de la clase trabajadora existan diferencias que logren de alguna manera dividir los esfuerzos de la lucha de esta clase.

En Puerto Rico las leyes no favorecen o defienden la comunidad LGBTT, al contrario, la mantienen aún más al margen. La ley 54 es un ejemplo de esto. La misma fue aprobada para penalizar la violencia doméstica entre “parejas”. Sin embargo, cuando la comunidad LGBTT intentó abrir un proceso de enmienda para que se incluyeran las parejas del mismo sexo o transgénero, el proceso no tuvo éxito. Hoy en día si una persona de la comunidad LGBTT quiere denunciar a su pareja por maltrato físico o emocional, no puede ampararse o ser protegido con la ley 54, pues las parejas del mismo sexo no son catalogadas como “parejas”. En ese caso la persona tiene que acudir a otros recursos legales para poder buscar protección.

El proyecto de ley 1725 es un intento de enmendar leyes laborales para añadir la prohibición del discrimen por orientación sexual en el trabajo. Sin embargo, el proyecto que ha sido aprobado en la cámara es muy ambiguo y tiene grandes limitaciones. El mismo aunque abarca el empleo privado o público deja afuera derechos civiles igual de importantes como los que están en la sección 1 de la Ley 131, ley que fue tachada del proyecto aprobado. La sección 1 de la ley 131 prohibe el discrimen en lugares públicos, en negocios, en los transportes y en las viviendas. O sea que al sacar esa ley del proyecto 1725, una persona de la comunidad LGBTT podría ser discriminada y se le podría sacar de guaguas públicas, se le podrán negar préstamos, la venta de comida en cualquier negocio y la venta de una casa o vivienda. Parte de nuestro reclamo debe ser que se apruebe la ley con esa sección de la ley 131 incluida.

Adicional a esto, el proyecto de ley 1725 tiene una claúsula en la sección 17 en donde dice que las “disposiciones de esta ley se interpretarán de conformidad con el derecho vigente relativo a la separación de Iglesia y Estado. Excepto en aquellos casos en que la actividad sea funcionada o subsidiada, en todo o en parte, con fondos estatales o federales.” En el 2008 Luis Fortuño, en medio de su campaña electoral, habló en una entrevista televisiva para el programa Tribunal Cristiano, en el mismo fue cuestionado sobre su promesa de campaña de acabar con el discrimen por orientación sexual en el empleo. El ahora mandatario garantizo que que se iba a “poder seguir discriminando impunemente contra personas por razón de su orientación sexual… ¡tal como Jesús lo hubiera hecho!” El gobernador fue más allá y dijo claramente en el programa que él velará que “al legislar para no discriminar en el empleo, se exima de este requisito a organizaciones que por sus principios no podrían contratar a personas que tengan otro modo de vida”.Un año después, lo que implica esta claúsula es precisamente esto, las instituciones que tengan dentro de su reglamento que pueden negarle el empleo a una persona por su orientación sexual, podrán mantener su discrimen contra este sector de los trabajadores.

El proyecto 1725 debe ser defendido por la intención inicial de prohibir el discrimen en todas sus formas, pero debe ser enmendado para que sea verdaderamente un avanze para este sector de la clase trabajadora.

Otro ejemplo es la ley de adopción que garantiza total prioridad a los matrimonios, dejando en un segundo plano la posibilidad de que familias no tradicionales puedan adoptar. En resumidas cuentas, las leyes actuales no hacen nada por este sector de la clase trabajadora y no responden a la realidad y al cambio que se ha dado en la familia tradicional que ya es casi inexistente.

Una ley de crímenes de odio que no se aplica

Lo que esta detrás del horrible crimen de Jorge Steven es la ausencia de una política pública que defienda la comunidad LGBT. Jorge Steven López Mercado era un joven de 19 años que según sus amistades disfrutaba de la moda y aspiraba a trabajar en esa industria. Trabajaba como voluntario en campañas para alertar a la comunidad LGBTT de la amenaza del SIDA y hablaba sobre las medidas de protección. Su maestra de escuela superior, Luana Dávila, lo recuerda en un blog como “un estudiante talentoso, responsable y querido por la comunidad escolar”.

Steven fue asesinado de una forma terrible, fue desmembrado, decapitado, parcialmente quemado y luego dejado tirado en un campo en el pueblo de Cayey. Su muerte ha levantado una ola de coraje por parte de la comunidad LGBTT que se ha manifestado a través de conferencias de prensas y en piquetes. Lo macabro del suceso ha traído a debate la posible aplicación de la ley de crímenes de odio.

El jueves 19 de noviembre unas 200 personas protestaron el asesinato de Steven denunciando a los responsables. “Responsabilizamos como co-autores de este asesinato a los líderes políticos y fundamentalistas que con sus discursos promueven el odio, el discrimen y la intolerancia. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que piense hasta dónde puede llegar el discrimen. La homofobia mata”, dijo Sahir Ivette Pujols Vázquez portavoz del Comité Contra la Homofobia y el Discrimen. Los manifestantes cantaron una consigna en honor al joven: “Por ti Steven, también por nosotros, luchamos mano a mano, hombro con hombro”. En la protesta, se exigió que se aplique la ley de crímenes de odio en el asesinato del joven.

Esta ley se aprobó en el 2002 y a pesar de varios asesinatos que tienen las características de crimen de odio—que el cuerpo fuera mutilado, desmembrado, que sus familiares no reaccionaran a tiempo, que fueran sus amistades quienes identificaron el cadáver y que el asesino demostró ser homofóbico—nunca se ha procesado un crimen como uno de odio.

En Puerto Rico, a mediados de la década de los 80, se dieron unos asesinatos en serie contra homosexuales. El asesino, Ángel Colón Maldonado, conocido como el “Ángel de los solteros”, fue vinculado con 27 asesinatos y enjuiciado por los mismos. Hoy en día él acepta haber matado a 6 de ellos y le atribuye a su educación  religiosa las acciones que tomó en aquel entonces. Ni siquiera estos crímenes fueron procesados como crímenes de odio. Usualmente son procesados como crímenes pasionales u homicidios en primer grado.

El gobierno contra tod@s los trabajadores

Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno que ha dejado claro que su prioridad no es brindar seguridad de empleo, hogar, salud, derechos, etc.? ¿qué podemos esperar de un cuerpo policiaco que se ha prestado para darle palizas y hostigar a la comunidad LGBTT?  ¿qué podemos esperar de un gobierno que se deja gobernar por los sectores religiosos y fundamentalistas que son quienes enmiendan las leyes de este país?

La realidad es que el gobierno, la policía y los fundamentalistas han preservado y promovido la homofobia de manera institucionalizada. Esa es la verdadera razón de los crímenes de odio en Puerto Rico.

Lo mismo sucede en Estados Unidos, en donde actualmente se lucha por el derecho al matrimonio gay y por eliminar la política de “Dont ask dont tell” en el ejercito. De igual forma, en otras partes del mundo también se exigen mayores derechos para la comunidad LGBTT.

Pero, ¿no es  igual castigo a la vida de un ser humano, que no tenga un lugar donde vivir, una manera de ganarse la vida para poder comer y pagar cuentas o un plan médico que le garantice su salud? El gobierno de Puerto Rico es un gobierno homofóbico, bifóbico y  transfóbico. La lógica detrás de su ataque a los trabajadores de la comunidad LGBTT, tanto como a los trabajadores dominicano e inmigrantes, es “dividir para conquistar”. Mientras el gobierno apuesta a mantener a sectores de la clase trabajadora divididos por su orientación sexual, identidad de genero, raza o sexo,  esto les permite sostener el poder económico que hoy firma leyes como la ley 7 en la cual se eliminan derechos adquiridos en luchas pasadas, deja a miles sin empleos y que garantiza la privatización de nuestra educación, de nuestras tierras y nuestra salud.

Hoy, la lista de razones para luchar es interminable. Los reclamos de este sector de la clase trabajadora no pueden estar ausentes de la denuncia en contra de la ley 7 y lo que conlleva el despido de casi 25,000 trabajadores. Todos los trabajadores deben luchar para que este sector de la clase trabajadora tenga mejores condiciones de vida y trabajo.

Sólo luchando por los intereses de todos como una sola clase trabajadora, podemos hacerle frente al gobierno de los ricos y paralizar el país con una huelga general indefinida que revierta los planes de la actual administración. Nuestro poder esta en la calle y en nuestros centros de trabajo. El 7 de diciembre es la vista del caso de Jorge Steven, nosotros tenemos que estar allí para exigir que se haga justicia y se procese como un crímen de odio. Pero independientemente de que esto se gane o no, nuestra lucha no puede parar ahí. La clase gobernante del país cierra filas con los grandes empresarios, nosotros los trabajadores tenemos que hacer lo mismo y organizarnos en nuestro lado para tumbarles el kiosko y recuperar lo que es nuestro.